Por Idgie Merlín

Unión de Periodistas. Ciudad de México. 07 de enero de 2017.- Dicen que Tabasco es un edén… y claro que lo es para Mónica Mollinedo Casanova, actual titular del Órgano de Control Interno (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la Administración Portuaria Integral (API) de Dos Bocas, Tabasco, quien junto con su esposo, Manuel Fernández Ponce, ha sido acusada del delito de extorsión por directivos de esta administración.

Los denunciantes son algunos servidores públicos afectados, que omiten sus nombres por temor a represalias. Afirman que Mollinedo ha incumplido el encargo de velar por el cumplimiento de las obligaciones que tutela la Ley General de Responsabilidades Administrativas. “Llegó al cargo en la segunda quincena de febrero de este año y según la liturgia de la SFP, entre sus tareas está vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, durante el ejercicio de sus funciones y en caso de incumplimiento imponer las sanciones a que haya lugar, así como promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal”.

No obstante, refieren que, a pesar de que se habla tanto del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de promover la transparencia, en la citada API, Mónica Mollinedo se ha dedicado a amenazar y a exigir miles de pesos al personal del API para que conserve su trabajo; es decir, todo lo contrario a lo que marca el citado ordenamiento legal, de vigilar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran”.

Los directivos que han sido víctimas de extorsión por parte de Mollinedo, aseguran que han presentado denuncias ante la SFP, cuya titular es Arely Gómez González; así como ante el responsable del OIC de la SFP, Andrés de Jesús Serra Rojas; ante el director general de la Administración Portuaria Integral Dos Bocas, Miguel Ángel Servín; al mismo sector de Comunicaciones y Transportes… y éstas instancias “han hecho caso omiso”.

“Nadie me toca”

“¿Habrá contubernio? O será cierto lo que pregona Mollinedo Casanova, de que: ‘Nadie me toca y hago lo que quiero porque me protege la SFP y el senador Humberto Mayans Canabal’?”, se preguntan los afectados.

Informaron que en febrero anterior, en conferencia de prensa, la titular de la SFP, Gómez González, dio a conocer “que por primera vez” se habían realizado evaluaciones de conocimientos, habilidades, aptitudes y experiencia, “a fin de corroborar los perfiles de los nuevos titulares de los OIC, los cuales debían ser los ideales para desempeñarse en dichas áreas”. De este proceso, al parecer salió Mollinedo Casanova.

   Sin embargo, recordaron que ella y su esposo trabajaron en Tabasco, en la Universidad Politécnica del Golfo, donde también –aseguran– estafaron a estudiantes y desfalcaron a Petróleos Mexicanos con millones de pesos, mediante supuestos convenios. “Pero a pesar de tanta corrupción e indiferencia de las autoridades, Fernández fue nombrado rector del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra, y es quien ayuda a extorsionar al personal del API”, dijeron.

Insistieron en que dichas irregularidades se han hecho del conocimiento del OIC de la SFP, mediante varias denuncias presentadas contra la contralora Mollinedo Casanova por servidores públicos extorsionados y sujetos de acoso en dicha dependencia, sin que a la fecha se hayan tomado las acciones para realizar las investigaciones correspondientes para sancionarla.

Entre las pruebas que los afectados mostraron hay cartas, audios, entre otras evidencias.