Ilustración: David Manrique
Unión de Periodistas. Ciudad de México. 26 de diciembre de 2017.- A raíz de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el periodista y escritor mexicano, José Reveles, publicará en el primer trimestre de 2018, el libro Los Desaparecidos son Multitud, del cual presentamos un capítulo, con autorización de su autor.
Por José Reveles
El Congreso aprobó el 13 de septiembre anterior la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con reformas y derogación de artículos del Código Penal federal y de la Ley General de Salud.
Pese a que la nueva Ley sobre Desaparición Forzada no dejó satisfechos a los familiares de las víctimas, de todos modos ellos prefirieron empujar su aprobación, pues de otro modo pasarían años antes de ponerla en práctica y asignarle presupuesto.
El tema de las desapariciones pasó al Ejecutivo, que debería promulgarla lo más pronto posible. Lo hizo dos meses después, el 16 de noviembre, y le asignó 500 millones de pesos iniciales.
Mientras tanto hay dos legislaciones ominosas que, casi en paralelo, podrán seguramente aprobarse en el mismo Congreso y esencialmente contradicen a la Ley de Desaparición Forzada de Personas.
Se trata de las leyes de Seguridad Interior y la del Mando Único Policial.
La primera le asigna facultades extraordinarias a las fuerzas armadas, dando un marco legal con el que no contaban soldados, marinos y policías federales para actuar en temas de seguridad. Equivale a respaldar con una ley acciones de facto que ya realizaban militares y marinos y que han sido sumamente criticadas por la sociedad y los organismos defensores de los derechos humanos debido a excesos de fuerza, a sospechas y denuncias formales por ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya, en el estado de México; Nochixtlán, Oaxaca; Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán, son algunos ejemplos), y un crecimiento exponencial de quejas contra las fuerzas armadas por otras violaciones graves a los derechos humanos. Al mismo tiempo, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la de la Marina Armada de México (Semar) cabildearon la ley y presionaron al Congreso para que les otorgara un marco legal de actuación y les permitiera poner en práctica protocolos, entre los que se incluyen el uso de la fuerza, cateos sin orden previa de juez, establecimiento de retenes carreteros y urbanos y regímenes especiales de seguridad para instalaciones estratégicas. El discurso en torno del eventual retorno a los cuarteles de esta fuerza castrense que, junto con la Gendarmería y la Policía Federal acumula más de cien mil efectivos, es sólo distracción. La milicia y la Marina llegaron para quedarse.
En la segunda propuesta existe ya casi un consenso general, exceptuando a los municipios que todavía no se dan por derrotados, para crear 32 mandos de policía para otras tantas entidades de la República. Los alcaldes creen que se parte de la premisa estigmatizante de que las policías locales son corruptas, llenas de personal sin la calificación básica, que la mayoría reprueban exámenes de confianza pero siguen encargándose de la seguridad por no haber sustitutos. Sirven, además, se juzga a priori, a la delincuencia, por lo que cada estado de la Federación y la Ciudad de México tendrán un mando único, pero las alcaldías ninguna injerencia presupuestal, administrativa, de control o adiestramiento a las policías actuantes dentro de su propio territorio municipal. Adiós a las policías de proximidad, a la capacitación, a la aspiración de un salario digno.
Nada de esto ignoraban los familiares de miles de víctimas mientras acompañaban las discusiones que duraron más de dos años en el Congreso, primero en el Senado y hasta octubre de 2017 en la Cámara de Diputados.
En cambio, sabían que en varios estados de la República no estaba tipificado el delito de desaparición forzada, y mucho menos el cometido por particulares actuando en nombre de autoridades, lo que dejaba sin poder definir conductas muy graves y sin poder fincar responsabilidades. Está el ejemplo de Aguascalientes, donde a pesar de que sí se prevé la figura de desaparición forzada, ésta se refiere estrictamente a la responsabilidad de los servidores públicos, mientras en el sistema internacional de los derechos humanos “se reconoce que el delito puede ser cometido por particulares bajo el auspicio, connivencia u omisión manifiesta en su actuar de parte del Estado”.
Cada legislación estatal hacía sus propias definiciones de desaparición forzada y determinaba las penalidades correspondientes a este crimen de lesa humanidad. Pero ni siquiera estaba tipificado este delito en el estado de México, en Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. (Llama particularmente la atención el caso de Tamaulipas, en donde han sido hallados centenares de cuerpos de migrantes centroamericanos y mexicanos, agosto de 2010 en un terreno baldío y primeros meses de 2011 en fosas clandestinas, pero sin legislación que pudiera castigar a los perpetradores de lo que fueron casos diáfanos de desapariciones forzadas).
El gobierno de México había recibido en los años recientes numerosas recomendaciones de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de organizaciones como Human Rights Watch y otras, para adaptar su legislación interna al contenido de las más avanzadas definiciones jurídicas que tienen qué ver con las desapariciones forzadas en el mundo. Específicamente, la CIDH, tras su visita in loco (en el lugar) a México, hizo particular énfasis en la frecuencia y número de las desapariciones forzadas que estaban ocurriendo en el país. Si bien, escribieron sus expertos, las cifras y testimonios recogidos atestiguan un fuerte vínculo entre grupos de delincuencia organizada y las desapariciones forzadas, “son especialmente graves las informaciones que dan razón de la existencia de desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de los mismos”.
México no solamente debería reconocer la magnitud y gravedad del fenómeno de las desapariciones, sino particularmente investigar y sancionar los casos específicos de desaparición forzada con una prioridad más: atender y proteger a grupos vulnerables como los migrantes, las mujeres, niñas, niños, ancianos y personas con discapacidad. Ante la carencia de fiscalías especializadas de investigación y atención a casos de desaparición en todo el país, ante el desinterés en el tema, manifiesto al no existir mecanismos nacionales coordinados, la CIDH recomendó: “Es urgente establecer un sistema nacional de búsqueda inmediata de personas desaparecidas.
Familiares de víctimas de desaparición expusieron de manera dramática, pero realista, ante los legisladores, el calvario que han tenido que recorrer ante diversas instancias del Estado para poder obtener atención y resultados que les permitan saber lo que ocurrió con los suyos. Muy escasos resultados en la localización de las personas desaparecidas, al igual que el altísimo número de estos delitos que no han sido sancionados en años, dijeron los familiares, superan con mucho las capacidades de actuación de autoridades locales. Y aún las nacionales. Se requería un instrumento legal eficaz y ceñido a los parámetros sobre el tema en el ámbito universal.
Reforzó esta urgente presión internacional el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuando en 2016 formuló diversas recomendaciones a México tras su visita al país en octubre de 2015, entre otras:
(…) Debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos: Fortalecer los esfuerzos para asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamente por una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República (…)
Ratificación de instrumentos internacionales: (…) reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (…)
Leyes generales sobre tortura y desaparición forzada: Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones. Asegurar su efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios.
En el curso de las deliberaciones se aplicaron diversas “vacunas” para evitar que la nueva ley se convierta en una gran simulación. De hecho las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, ante la sensibilidad del tema y la vigilante atención de las familias afectadas, con múltiples organizaciones civiles y defensores interesados, se vio en la obligación de explicar, en el cuerpo de la exposición que antecedía a la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que según los familiares hubo temas que “no fueron plasmadas como ellos hubieran esperado; también externaron que la relevancia del tema objeto de la ley es alta y, en ese sentido, podría perder empuje e impulso una ley que, si se postergaba, se retrasaría su aprobación. Se llegó al acuerdo de trabajar en conjunto Cámara de Diputados, las organizaciones y sus equipos técnicos, a fin de ir diseñando una propuesta de temas que puedan ser impulsados en posteriores reformas, una vez publicada la nueva Ley General de Desapariciones”.
Hubo tres foros regionales, con mesas técnicas, durante dos años. Al final los colectivos de familiares aceptaron que el mejor camino era aprobar el proyecto de decreto en sus términos (“ya no se está en posibilidad de seguir esperando la publicación de esta ley; urge aprobar el dictamen… en los mejores términos posibles… y responder a tan sentida demanda social”).
Aunque algunas propuestas civiles no fueron retomadas e incorporadas en los dictámenes de senadores y diputados, e inclusive hubo puntos que ignoraron los legisladores y los aprobaron en sentido contrario a las propuestas del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, en las consideraciones que anteceden al decreto de ley los familiares y legisladores enumeran una gran cantidad de pros en el documento final aportados por los grupos de víctimas. Algunos de los principales:
–Se crean tipos penales ajustados a tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, con reglas que impidan la impunidad.
–Se establece nítidamente el derecho de toda persona a ser buscada.
–Se crean el Sistema Nacional de Búsqueda y una Comisión Nacional de Búsqueda CNB), para abrir la posibilidad de investigaciones simultáneas y conjuntas en todo el territorio nacional, incluyendo los casos del fuero local.
–Entre otras facultades, la CNB puede crear grupos específicos para ese trabajo y solicitar la participación de peritos independientes nacionales e internacionales.
–Generación de información de inteligencia y capacidad de cruce de información en registros diversos, con unidades de análisis de contexto y de gestión de datos, con el único fin de auxiliar en esa búsqueda.
–Habrá un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de nueva creación, como también habrá plataformas de información: Registro de Búsqueda, Registro de Personas Fallecidas No Identificadas; Registro de Fosas Clandestinas y de Fosas Comunes Oficiales; Banco de Datos Forense. Todo ello operado con elementos tecnológicos para una búsqueda y localización efectiva y para la integración de un acervo informativo sobre personas desaparecidas en México.
–Los Programas Nacionales de Búsqueda y Exhumaciones tendrán participación directa de víctimas y familiares conjuntamente con autoridades.
–Se crea un Consejo Nacional Ciudadano y, dentro de él, la figura del Comité de Evaluación y Seguimiento, con un mayor número de representantes de las familias.
–Además de la facultad de generar política pública en materia de desapariciones,
la Comisión Nacional de Búsqueda podrá coordinarse con el Mecanismo de Apoyo Exterior para dar trámite a múltiples denuncias sobre desapariciones de personas migrantes.
–A la CNB se le dan facultades para crear grupos específicos de trabajo para búsquedas regionales, puede tener acceso rápido a todas las plataformas de información y celebrar convenios con instituciones para cumplir su función.
–Se establecen principios generales, pero habrá legislación especial y específica para la declaración de ausencia por desaparición, de tal manera que personas cuyo paradero se ignora puedan continuar con su personalidad jurídica, todo el tiempo que sea necesario, hasta lograr el esclarecimiento de su destino, pues se está tratando de dar atención y seguimiento a un delito permanente, continuado e imprescriptible hasta no dar con la víctima.
“Paso positivo, pero insuficiente”, calificó la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México a este decreto que se supondría fuerte e inequívoco para la presentación con vida de las víctimas de desaparición.
Fue hasta que 43 normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la Normal de Ayotzinapa, fueron víctimas de desaparición forzada, que el gobierno de Enrique Peña presentó una iniciativa de Ley contra la Desaparición Forzada. Ello se dio gracias a la presión nacional e internacional que la movilización popular produjo en el país. Fue una de las medidas “para disminuir el costo político de la detención-desaparición de los 43”.
“Testigos del desinterés y la indiferencia de los gobiernos en turno, transcurrieron 18 años de lucha” para que hubiera una ley contra las desapariciones, la que el Estado mexicano “jamás habría discutido y votado por cuenta propia”.
Durante dos años se discutió una ley en la que, una a una, “las demandas de las víctimas fueron mutiladas y adecuadas para garantizar la impunidad de los perpetradores”. El Estado cedió en aquello que no le representaba un cuestionamiento a su política de seguridad interna ni a sus políticas de seguridad pública. “Hubo dos años de discusión en los que, por cierto, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas continuaron en contra de personas defensoras de los derechos humanos y del pueblo organizado y no organizado”.
Amnistía Internacional habló de un “paso importante, producto de una incansable labor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas; se requerirá una fuerte voluntad política y la asignación de recursos suficientes para que la ley pueda concretarse como una realidad para las más de 33 mil personas desaparecidas en México”. (Más de 50 mil según otras estimaciones).
La Conago vio venir la tragedia
La Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) lo veía claro hace 11 años. El crimen organizado desafía abiertamente al Estado. Las corporaciones policiales estatales y municipales se encuentran “en franca desventaja ante la delincuencia organizada”. Los jóvenes de muchas comunidades “identifican a la delincuencia como su aspiración futura”.
El narcotráfico se ha transformado y “ya no es sólo un problema de producción y tráfico de drogas, sino que se ha convertido en una red de grupos supraestatales, organizados, que combaten entre sí y para apoderarse de regiones, ciudades o plazas”.
También observaba “la conformación de una especie de anti Estado o antigobierno, que da como resultado una población que opera sobre un territorio y ejerce su poder a través del dinero, del manejo de la violencia física y de las armas o de la amenaza de su utilización”.
Estas consideraciones sobre la gravedad del crimen organizado fueron emitidas en 2006, cuando los gobernadores hablaban de que la delincuencia estaba “contaminando a las instituciones gubernamentales y, con ello, a los sectores privados y sociales”, contribuyendo a cambiar la escala de valores de la convivencia armónica, del respeto a los demás, para imponer “anticomportamientos sociales”.
En el documento titulado Hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado, a finales de 2006, mostraba a una Conago en búsqueda de “un nuevo enfoque en el análisis y sistematización del fenómeno del crimen organizado”,
Las señales eran más que claras: En un ranking de 125 países, México estaba en el lugar 117 en lo que hace al incremento del costo de los negocios a causa del crimen y la violencia; se ubicaba en el sitio 114 en cuanto a poderío del crimen organizado y en el 105 en lo referente a la confiabilidad de las policías. Se aborda poco la problemática, pero estas características del reporte global, dado a conocer en el Foro Económico de Davos, Suiza, implicaba muy escasa competitividad internacional porque México no garantizaba los mínimos estándares de seguridad a empresas e inversión.
La Conago sugería ya no ver al crimen organizado como un problema delictivo sólo contra la salud y la integridad física de las personas, “sino como un tema de seguridad nacional, porque afecta, entre otros, a la salud pública, a la economía, a la paz pública, convirtiéndose (su combate) en una tarea de la más alta prioridad para la nación y para las autoridades locales”.
Desde el gobierno federal vino en los meses siguientes la respuesta, fallida o fingida, sin cálculo de las consecuencias, que sumió al país en las más profundas simas de la violencia, con casi 200 mil asesinatos dolosos desde diciembre de 2006 hasta hoy, no menos de 50 mil desaparecidos, 1.6 millones de desplazados de sus lugares de origen. Hay que agregar a decenas de miles de migrantes a estas cantidades inauditas y aberrantes de mexicanos ejecutados, desaparecidos, secuestrados con fines de ganancia económica y trata de personas.
Militarizar la seguridad y el combate al crimen atrajo resultados contrarios al propósito declarado, pues lejos de acabar con la delincuencia, ésta se fortaleció a grados cada vez más incontrolables. Y es a partir de 2007 cuando crece de manera exponencial el número de desaparecidos y de fosas clandestinas en el país, en medio de la declaratoria de guerra de Felipe Calderón a las organizaciones criminales, pero sin esa estrategia y cambio de paradigma que sugerían los gobernadores desde la Conago.
